Daño colateral de una crisis política – La credibilidad de las instituciones de supervisión financiera

Daño colateral de una crisis política – La credibilidad de las instituciones de supervisión financiera

Alfonso Muralles 2 comments
Política

Hay instituciones del estado cuya credibilidad es importante proteger.  El Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos, el Instituto Nacional de Estadística, entre otras.  De ellas depende la confianza que como país generamos ante medidores multilaterales que califican nuestro apego a normas internacionales en el campo monetario.  Y de esas mediciones se derivan a su vez, el acceso a créditos, tasas, plazos, mecanismos de transacciones financieras.  La confianza y solvencia de las entidades que dirigen la política monetaria y supervisan y vigilan a intermediarios y usuarios del sistema financiero, así como su habilidad para detectar y castigar a quienes transgreden esas normas, son fundamentales.

El derecho a  un antejuicio se constituye para proteger a funcionarios que podrían ser atacados con acusaciones sin fundamento, espurias, políticamente motivadas y evitar que al verse envuelto en engorrosos, constantes y posiblemente innecesarios procesos judiciales, se entorpezca su labor.  Se trata pues, de establecer filtros, los que la misma ley de la materia define de diferente manera cuando el derecho de antejuicio a levantar es el de un Alcalde o el de un Diputado o Ministro, siendo mucho más severo el filtro cuando se trata del Presidente de la República.

Cuando la denuncia que se convierte en antejuicio inicia su ruta a partir de un reporte de transacción sospechosa presentado ante la autoridad competente, o sea la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, por un banco del sistema obligado y temeroso de las multas y castigos que recibiría si no lo hace, entonces los filtros (y filtradores) que protegen al antejuiciado, deben eliminar la posibilidad de que ésta sea espuria o con motivaciones políticas.  La credibilidad de la IVE/SIB no está en tela de juicio.  No debe ponerse en tela de juicio.

La denuncia original, en todo caso, se basa en una sospecha y la persona responsable por responder tiene todo el derecho de aclararla y mientras lo hace, gozar de presunción de inocencia.

Las reglas y procedimientos deben cumplirse.  La IVE traduce el reporte bancario a denuncia ante el Ministerio Público.  Su análisis le indujo a hacerlo así y no a regresarla al banco.  El MP analiza la denuncia de la IVE, su análisis también le dirige a seguir adelante y no devolverla o denegarla de entrada y se percata de que la sospecha original cae en movimientos bancarios en las cuentas del partido oficial cuando su representante legal era el Presidente de la Republica, por lo tanto debe iniciar proceso para levantar el derecho de antejuicio que le impide investigar a profundidad lo denunciado.

Por tratarse del elevado cargo de que se trata, a los filtros anteriores se agregan, primero, la Corte Suprema de Justicia que sin duda valora el proceso recorrido y prontamente admite y traslada el expediente al Congreso de la República, en donde una Comisión Pesquisidora integrada al azar se constituye en el penúltimo filtro protector. El ultimo será el pleno.

Es lamentable que los diputados gocen de irresponsabilidad y además, la practiquen.

2 Comments

Sergio

septiembre 7, 2017 at 1:56 am

Es lamentable que los diputados gocen de irresponsabilidad y además, la practiquen. Muy bien dicho Don Alfonso

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Telma Muralles

septiembre 7, 2017 at 2:16 pm

Buen análisis.
Totalmente de acuerdo con el calificativo a los diputados.

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